PJUD 2024

Mensaje del Presidente de la Corte Suprema

Ricardo Blanco Herrera

“El Poder Judicial es una institución con presencia nacional, a través de tribunales instalados en todo el país, los cuales trabajan por brindar una justicia de calidad, cuenta con 152 ministros de Corte, 1.485 jueces y más de 13.450 personas.”

Mensaje del Presidente de la Corte Suprema

Avances concretos para alcanzar una mejor justicia

Como una muestra del compromiso del Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Chile de avanzar hacia una mejor justicia, tengo el honor de presentarles la Memoria Integrada del Poder Judicial 2024.

Este documento recoge la labor realizada por la Corte Suprema, las 17 Cortes de Apelaciones, 448 tribunales de primera instancia, la Corporación Administrativa y la Academia Judicial de Chile.

Asimismo, este reporte busca fortalecer la información dirigida a la ciudadanía acerca del quehacer institucional y el correcto, transparente y eficiente uso de los recursos públicos asignados.

El Poder Judicial es una institución con presencia nacional, a través de tribunales instalados en todo el país, los cuales trabajan por brindar una justicia de calidad, cuenta con 152 ministros de Corte, 1.485 jueces y más de 13.450 personas.

El año 2024 fue un período complejo y tremendamente desafiante para el Poder Judicial, marcado por un sostenido aumento en los ingresos de causas de los tribunales de primera instancia, los cuales alcanzaron ingresos de 3 millones 127 mil causas, con un aumento de un 0,7% respecto de 2023.

Durante ese año, estos tribunales pusieron término a más de 2 millones 158 mil causas, lo que representó un alza de 5,7% con relación al período anterior, y las causas en tramitación alcanzaron los 2 millones 984 mil, con un aumento de un 6,8% en comparación con el 2023.

En las Cortes de Apelaciones ingresaron 251.230 causas, con una disminución del 2,2% en comparación con el período anterior y que se explica, principalmente, por la baja en los ingresos que experimentaron los recursos de protección contra Isapres. La Corte Suprema redujo el stock de causas pendientes en 32.841 y sus ingresos alcanzaron las 62 mil causas.

Luego de una etapa compleja, la Corte Suprema adoptó una serie de medidas para fortalecer diversos aspectos, que son fundamentales en el ejercicio de administrar justicia, con independencia y apego irrestricto a la Constitución y las leyes.

El 2024 se ha continuado con la implementación de leyes que impactaron el funcionamiento de los tribunales de justicia como las relativas al monitoreo telemático que asegura la prohibición de acercamiento a la víctima en causas de violencia intrafamiliar, la creación del registro nacional de deudores de alimento, la responsabilidad parental y el pago efectivo de estas deudas, lo que ha implicado aumento permanente en la carga laboral de los tribunales y un esfuerzo mancomunado con otras instituciones del Estado.

En términos de gestión quiero destacar la labor que han realizado las Direcciones y Secretarías de la Corte Suprema, así como los distintos Comités y Subcomités, los cuales, con un modelo participativo y colegiado, han avanzado en distintas materias para cumplir con nuestra promesa de brindar una justicia cada vez más oportuna, cercana y de calidad.

El Comité de Modernización desarrolló diversas acciones, sobresaliendo la coordinación de la mesa de trabajo encargada de analizar la Ley 21.643, conocida como Ley Karin, para proponer al Tribunal Pleno de la Corte Suprema la regulación de los procedimientos de investigación y sanción de acoso laboral y sexual en el Poder Judicial, contenida en el Auto Acordado que adecuó la normativa interna.

El Comité de Comunicaciones, entre otras actividades, se abocó a elaborar la propuesta que derivó en la nueva normativa del acceso a carpetas electrónicas judiciales y el buscador de jurisprudencia, contenido en el Acta 164- 2024, afianzando su publicidad. Asimismo, propuso la actualización del Manual de Vocería del Poder Judicial, incorporando recomendaciones de la Comisión de Ética de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

El Comité de Personas emitió 194 informes y 106 resoluciones sobre traslados, permutas, comisiones de servicio, solicitudes de juramento de abogados, revalidación de títulos y habilitación de títulos extranjeros. También, entre otros asuntos, analizó propuestas para regular el registro de nombramientos de suplentes e interinos en los cargos de Notario o Conservador de Bienes Raíces, que derivaron en acuerdos de Pleno que regulan la materia.

Asimismo, quiero resaltar el trabajo de mejoramiento del acceso a la justicia de grupos vulnerables, a través de la difusión e implementación de la Guía Práctica de Aplicación en Tribunales del Protocolo de Acceso a la Justicia para Personas Mayores; el trabajo de la Comisión de Lenguaje Claro y de la Secretaría de Igualdad de Género y No Discriminación.

En Derechos Humanos, se adoptó una estructura orgánica conformada por una Comisión de Coordinación de Ministros de la Corte Suprema a cargo de estas temáticas. Del mismo modo, se instauró una Comisión de Ministros de Cortes de Apelaciones Encargados de Asuntos de Derechos Humanos, con el fin de reforzar la cultura de estos derechos en las respectivas jurisdicciones y levantar necesidades concretas que requieran solución en sus territorios.

Asimismo, pongo de relieve el trabajo de la Comisión de Familia e Infancia de la Corte Suprema que ha continuado desarrollando su labor en distintos ejes vinculados con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Durante 2024, la Corporación Administrativa del Poder Judicial ejecutó el 99,7% del presupuesto entregado por el Ministerio de Hacienda para la construcción, desarrollo y funcionamiento de los tribunales de justicia.

Alguno de los aspectos relevantes en la gestión de este año fueron los avances en la implementación del Sistema Unificado de Tramitación de Causas; la nueva Oficina de Seguridad del Poder Judicial y la creación de un área de ciberdefensa. Del mismo modo, se aprobó e implementó un nuevo Reglamento de Contratación Pública del Poder Judicial, que asegura mayores niveles de transparencia y eficiencia en la compra y contrataciones de bienes y servicios.

En cuanto a los avances en infraestructura, destaco la construcción del nuevo edificio que alberga el Juzgado de Garantía y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, y el inicio de las obras del nuevo Juzgado de Familia de Concepción, las cuales tendrán un positivo impacto en las distintas ciudades en las cuales se encuentran emplazadas.

Además, durante este ejercicio se utilizaron mecanismos más transparentes y participativos para ejecutar el gasto público, privilegiando el uso de las compras ágiles, convenios marco y licitaciones públicas. En esta gestión disminuyeron los tratos directos.

El año 2024 fue especialmente importante para la Academia Judicial, institución que cumplió 30 años. Conscientes de las necesidades del Poder Judicial, la Academia fortaleció sus programas de formación, pasando de 18 egresados en el 2023, a 63 egresados. En cuanto al perfeccionamiento, hubo un aumento significativo, ya que fue posible finalizar con más de 650 alumnos adicionales en comparación con 2023. En todos y cada uno de estos logros están presentes las personas que forman parte del Poder Judicial de Chile, una institución de la República y garante de los derechos y garantías de todas las personas con un irrestricto apego a la ley y a la Constitución. Agradezco a todos y cada una de las personas que forman parte de esta institución y los insto a seguir trabajando por entregar una justicia cada vez más oportuna, cercana y de calidad.

Siempre he creído en el Poder Judicial, en su gente, su destino y en un futuro esplendoroso.

Poder Judicial, de todos y para todos.

Afectuosamente,

Ricardo Blanco Herrera

Presidente Corte Suprema de Justicia

2024-2025

Mensaje de la Directora (s) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial

Andreina Olmo Marchetti

“Nuestro compromiso de administrar adecuadamente los recursos humanos, físicos y financieros del Poder Judicial sigue intacto, alcanzando mayores niveles de transparencia y rendición de cuenta.”

Mensaje de la Directora (s) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial

Mejorar nuestro servicio para alcanzar una mejor justicia

El año 2024 fue para la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) un período de complejos desafíos y aprendizajes, que nos ha permitido consolidar logros en distintos ámbitos de nuestra gestión e implementar medidas para mejorar el servicio a los tribunales del país.

Nuestro compromiso de administrar adecuadamente los recursos humanos, físicos y financieros del Poder Judicial sigue intacto, buscando alcanzar mayores niveles de transparencia y rendición de cuenta, a través de fortalecer procesos de control interno, implementación de nuevas leyes, fortalecimiento de normas de transparencia, declaración de intereses y patrimonio, lobby, entre otras iniciativas.

Estos avances han sido posible gracias a la confianza depositada por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, liderado por el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y las ministras consejeras, Gloria Ana Chevesich, Adelita Ravanales, María Cristina Gajardo y María Soledad Melo, los representantes de los distintos estamentos y, por supuesto, de todo el equipo directivo, administraciones zonales y las más de 1.200 personas que forman parte de la institución.

Durante este ejercicio, la institución alcanzó una ejecución presupuestaria de 99,74%, totalizando los M$762.160.706, lo que nos sitúa entre las instituciones públicas con mejor desempeño y refuerza la responsabilidad asumida en la administración de estos recursos.

En el ámbito de cumplimiento normativo destaca:

  • El 1 de agosto entró en vigor la Ley N° 21.643, que establece nuevas exigencias para la prevención y sanción de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo. La Corporación Administrativa ha colaborado activamente en la implementación de los criterios y exigencia que considera la ley, implementando mecanismos para denuncia, gestión y seguimiento de denuncias, así como en la difusión y elaboración de protocolos internos.
  • En diciembre entró en vigor la Ley N° 21,634, que hizo aplicable al Poder Judicial las exigencias de la ley de compras públicas. Para ello, la institución trabajó en la elaboración e implementación del Reglamento de Contratación Pública del Poder Judicial, que regula todos los procesos de compras y contrataciones, incorporando mecanismos como licitaciones públicas, compras ágiles y subastas inversas electrónicas, además fortalecer controles de probidad y conflicto de interés.

La seguridad constituye un lugar prioritario en nuestra agenda. En cumplimiento del compromiso institucional, en octubre se instaló la nueva Área de Seguridad del Poder Judicial, que articula ámbitos de infraestructura, personas y ciberseguridad.

Además, se institucionalizó el funcionamiento del Comité de Ciberseguridad y se creó el Área de Ciberdefensa en el Departamento de Informática, compuesta por profesionales especializados en la gestión de incidentes, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta frente a amenazas digitales.

Este año avanzamos en proyectos innovadores para mejorar el servicio y la eficiencia institucional. En esa línea destacan: Justa, un innovador proyecto de inteligencia artificial en procesos judiciales, cuyo plan piloto se inició en el Juzgado de Letras de Mulchén; y Unijud el nuevo sistema informático de tramitación, que fue implementa como plan piloto en los juzgados con competencia en garantía de las jurisdicciones de Rancagua y los tribunales penales de Melipilla y Curacaví de la jurisdicción de San Miguel.

Esta herramienta busca optimizar y agilizar la tramitación de causas, automatizar tareas repetitivas y eliminar registros paralelos, contribuyendo así a mejorar la calidad de los datos. Además, permite que todas las comunicaciones se realicen directamente desde la plataforma, sin necesidad de generar oficios ni correos electrónicos manuales.

Unijud aumenta los niveles de seguridad, incorpora funcionalidades modernas, mejora la experiencia de usuario y facilita su aprendizaje, lo que redunda en una tramitación más eficiente y en un beneficio directo para la ciudadanía. También se avanzó en el fortalecimiento y mejoras de la Oficina Judicial Virtual, la renovación y actualización de equipamiento y programas y el fortalecimiento de los sistemas informáticos del Poder Judicial.

A su vez, profesionales del Departamento de Informática integraron el equipo técnico, liderado por la ministra Gloria Ana Chevesich, encargada de la implementación de las leyes N°21.389, N°21.484 y N°21.675, cuyo rol fue esencial para modernizar y ajustar los sistemas informáticos de tramitación de los tribunales de familia y penales y agilizar y facilitar la tramitación de las causas, a través, principalmente, de la generación de trámites automáticos e interconexiones con diversas instituciones.

En materia de gestión interna, se puso en marcha la plataforma de tramitación electrónica de nombramientos y vacancias, que busca agilizar procesos de contratación de personal, y se habilitó un sistema nacional para el registro de designaciones de notarios suplentes e interinos, fortaleciendo así la trazabilidad y confiabilidad de la información.

Asimismo, se incorporó un botón de pago, en coordinación con la Tesorería General de la República, ampliando los canales de recaudación para facilitar el pago de trámites judiciales.

Con una mirada puesta en mejorar la gestión en las distintas jurisdicciones del país, se aprobaron medidas para optimizar la gestión en las Administraciones Zonales, como el aumento de los montos delegados para compras y servicios, la homologación de facultades en la gestión de contratos y garantías y la actualización de la prelación de subrogancia de apoderados bancarios.

En el área de infraestructura, se entregó el nuevo edificio para el Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno; se iniciaron las obras de construcción del edificio del Juzgado de Familia de Concepción y se avanzó en las obras de construcción del Centro Judicial de Los Ángeles. Asimismo, se continuó con la remodelación de los Juzgados Civiles de Santiago y se finalizó el rescate arqueológico de los hallazgos existentes a la fecha en el terreno que albergará el futuro Centro Judicial de Arica.

Durante este año concluyó el diseño del futuro edificio que albergará a los Juzgados Laborales y de Cobranza de Santiago; se iniciaron las consultorías de diseño para el Centro Judicial de Copiapó y el Tribunal de Letras de San Carlos y se continuó con el diseño de los Tribunales de Familia de Quillota, Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla y el Juzgado de Letras de Colina. Además, se invirtieron MM$ 4.075 en 86 edificios en proyectos de mejora y conservación en distintos territorios del país.

En diciembre, el Consejo Superior aprobó el proyecto de reestructuración, optimización y rediseño de la Contraloría Interna. Esto representa un avance importante en materia de fortalecimiento de la probidad, control, fiscalización y transparencia en el uso de los recursos del Poder Judicial, ya que entrega nuevas facultades y una estructura que permite potenciar su función e independencia.

Sus ejes centrales involucran la automatización de procesos, que permiten el desarrollo de auditorías con un alcance más amplio, eficiente y preciso; la conformación de Comités de Riesgo, Cumplimiento, Ética e Integridad; la implementación del Control de Legalidad. Esto representa un cambio sustancial en el control del uso de los recursos presupuestarios del Poder Judicial.

Otro pilar importante es el canal de denuncias abierto a la ciudadanía con medidas de resguardo de identidad y de protección al denunciante, y que permite presentaciones ciudadanas para temas de falta a la probidad y de incumplimiento de la ley de compras públicas, alojando la gestión y administración en la Contraloría Interna, como órgano independiente.

También se desarrollaron iniciativas de impacto en el ámbito de la difusión: la publicación del libro conmemorativo de los 200 años de la Corte Suprema, campañas de promoción de derechos de la infancia, acciones en torno a la política de sostenibilidad, y el reforzamiento de medidas de seguridad y emergencia, trabajadas junto a los 68 comités paritarios. AdemSás de dos nuevas temporadas de la Radio del Poder Judicial.

Todos estos avances son fruto de un trabajo colectivo, realizado con profesionalismo, compromiso y vocación de servicio público. Estoy segura de que la Corporación Administrativa del Poder Judicial seguirá cumpliendo un rol esencial en el fortalecimiento del Poder Judicial de Chile, siempre al servicio de las personas y de una justicia más moderna, transparente y cercana.

Andreina Olmo Marchetti

Directora suplente
Corporación Administrativa del Poder Judicial

2024

Mensaje de la Presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Poder Judicial

“El quehacer de la Asociación ha girado en torno a 10 ejes, teniendo siempre como norte el fortalecer la Independencia Judicial, promover la transparencia y mejorar las condiciones laborales de quienes formamos parte de este gremio.”

Mensaje de la Presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Poder Judicial

Mariela Hernández Acevedo

Presidenta Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Poder Judicial

La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial (ANMM) ha trabajado intensamente para tener un rol público relevante y consolidarse como un actor clave en la representación y defensa de los intereses de nuestras asociadas y asociados.

El quehacer de la Asociación ha girado en torno a 10 ejes, teniendo siempre como norte el fortalecer la Independencia Judicial, promover la transparencia y mejorar las condiciones laborales de quienes formamos parte de este gremio.

Estos son:

  • Reforma al Poder Judicial. Sobre la base de años de estudio y reflexión gremial, la Asociación ha insistido en todas las instancias pertinentes en la necesidad de una gran reforma estructural. En ese contexto, reiteramos la demanda ante la CIDH presentada en 2016 para separar las funciones jurisdiccionales del gobierno judicial.
  • Proceso constitucional. La Asociación participó activamente en el debate constitucional. En ese contexto, advertimos con fuerza que el proyecto no lograba garantizar una gobernanza judicial independiente. Por lo anterior, propusimos un modelo de órgano de nombramientos con mayoría judicial, integración paritaria y sin reelección inmediata.
  • Condiciones laborales. La Asociación ha mantenido una intensa interlocución con la Corporación Administrativa del Poder Judicial y los Ministerios de Hacienda y de Justicia y Derechos Humanos, para enfrentar las sobrecargas laborales, las condiciones salariales y, al mismo tiempo, ha realizado una férrea defensa de la intangibilidad de las remuneraciones.
  • Seguridad de jueces y juezas. El levantamiento de diversas alertas en esta materia nos llevó a promover la creación de la Comisión de Seguridad y, asimismo, la elaboración de un Protocolo de Seguridad. Finalmente, hemos demandado medidas a la Corte Suprema para abordar esta problemática, las que incluyen: protección de datos personales, evaluación externa de seguridad en tribunales y la regulación del teletrabajo por causal de riesgo.
  • Cargas de trabajo. En conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez, se elaboró un estudio sobre indicadores de carga laboral, dado que actualmente no existe una herramienta válida y objetiva en el Poder Judicial. El fin último de este trabajo es construir un índice nacional de carga judicial para identificar desequilibrios.
  • Ámbito legislativo. La Asociación tuvo un rol activo en la tramitación de la Ley N°21.694, que fortalece la persecución penal. El proyecto recogió propuestas clave, entre ellas, protección especial en casos de crimen organizado y la ampliación del plazo para dictar sentencias.
  • Gestión interna y modernización. Un séptimo eje de trabajo ha estado enfocado en la revisión de la estructura administrativa de nuestra Asociación, en particular, en establecer mejoras en protocolos de gestión, comunicaciones y transparencia.
  • Defensa de la independencia judicial. Manifestamos activamente a representantes y autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y la Corte Suprema la necesidad de proteger la independencia externa de las juezas y jueces, especialmente frente a propuestas de acusación constitucional a magistradas y magistrados de primera instancia. Dicha inquietud también fue expuesta en el ámbito internacional a representantes de Naciones Unidas, en particular, en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
  • Ética e integridad. Estas dos temáticas han copado tanto la agenda pública como la reflexión al interior de nuestra comunidad de magistradas y magistrados. Es así como organizamos el “Seminario de Integridad Judicial y Justicia Abierta”. Además, hemos impulsado la creación del primer Manual de Ética Judicial.
  • Perspectiva de género y derechos humanos. La Comisión de Género y DD.HH. de la Asociación ha desarrollado un trabajo continuo y sistemático. Uno de los grandes hitos del último tiempo en esta materia ha sido concretar la anhelada paridad de género en la Corte Suprema.

Estamos convencidos de que el trabajo gremial seguirá trayendo frutos, avanzando hacia el camino correcto y, por sobre todo, contamos con el apoyo y respaldo de nuestras asociadas y asociados.

Mariela Hernández Acevedo

Presidenta de la Asociación Nacional de
Magistradas y Magistrados de Poder Judicial

Mensaje del Presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial

“El año 2024 pasó casi como una brisa de mar. Fue un año complejo por distintas contingencias que marcaron al Poder Judicial. Como APRAJUD fuimos claros en los diagnósticos y buscamos las soluciones a través del más intenso diálogo.”

Mensaje del Presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial

Patricio Aguilar Paulsen

Presidente APRAJUD

El año 2024 pasó casi como una brisa de mar. Fue un año complejo por distintas contingencias que marcaron al Poder Judicial. Como APRAJUD fuimos claros en los diagnósticos y buscamos las soluciones a través del más intenso diálogo.

Fue así como la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial mantuvo su postura de ser un gremio presente y activo en las discusiones de la gobernanza judicial, así como también en la dignificación del trabajo público y su incidencia en nuestras remuneraciones.

Sin embargo, y porque es bueno que las instituciones canalicen las opiniones de sus integrantes a través de sus órganos representativos, tuvimos ideas y posturas claras y contundentes sobre la necesidad de buscar responsabilidades en todos los niveles por la compra de automóviles de lujo para integrantes de la Corte Suprema.

El hecho causó un daño reputacional inmenso al Poder Judicial. En esta ocasión, como es costumbre, mantuvimos nuestro eje programático centrado en la defensa gremial, con asesoría jurídica y técnica, así como en el respeto al debido proceso cuando se han levantado cuestionamientos y/o acusaciones en contra de nuestras y nuestros integrantes.

En otro proceso, el presidente de la Corte Suprema, el ministro Ricardo Blanco, junto a las direcciones de Estudios, Infraestructura y Relaciones Laborales, nos convocó para abordar las cargas de trabajo de jueces, juezas, funcionarios y funcionarias.

El máximo tribunal convocó a los actuales directivos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para debatir sobre este relevante punto y tener de primera fuente la posición y postura de los gremios comprometidos con el mejor servicio judicial en todo el país.

Como APRAJUD fuimos claros en plantear que los estudios de carga laboral que se han efectuado contienen deficiencias y datos incompletos en sus resultados y conclusiones, ya que se deben realizar actualizaciones necesarias para abordar la realidad compleja de cada región y de cada Corte de Apelaciones, con una visión integral que considere tanto las necesidades y exigencias jurisdiccionales como las administrativas.

APRAJUD también planteó y expresó a las autoridades del Poder Judicial y a la opinión pública su profunda preocupación por la falta de jueces y juezas, así como de funcionarios y funcionarias, en los distintos tribunales del país.

Como gremio hemos afirmado desde hace ya varios años que es un desafío y un imperativo completar la dotación de cargos de magistrados y magistradas en cada uno de los juzgados de las distintas jurisdicciones, con especial énfasis en lo que ocurre en los tribunales de asiento de Corte, provincia y comuna del país.

Nuestro planteamiento quiere señalar, primero, que tenemos la completa convicción y compromiso de dar el mejor servicio de justicia. Pero desde nuestro ámbito de la acción profesional de la gestión y administración, vemos que la falta de jueces y juezas hace que muchas personas usuarias sientan que la demora y la extensión de la tramitación de sus causas les genera la sensación de que el Poder Judicial no está cumpliendo cabalmente su misión constitucional de dar una respuesta oportuna y eficaz.

El año recién pasado continuamos dialogando con las autoridades judiciales de la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, para ser incluidos en los debates sobre el reajuste al sector público y para que se llegue a un buen diseño de los bonos de desempeño y gestión, junto con las mesas de trabajo sobre la nivelación de las remuneraciones para los jefes de unidad y administradores de asiento de comuna y provincia.

Es así que, en el mes de octubre, oficialmente se notificó al Gobierno, a través del Presidente Gabriel Boric y de los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, que se conformó en el país la Organización de Profesionales del Estado (OPECh).

La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD), la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público (ANF), la Asociación Nacional de Defensores Públicos de Chile (ADEF), el Colegio Médico de Chile A.G., el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G., el Colegio de Bioquímicos de Chile A.G., el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile A.G., la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (FENTRAMUCH) y la Asociación Nacional de Magistrados de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de Chile (ANMTTACH) son los gremios fundadores de este nuevo referente sindical en el Estado chileno.

Asimismo, la defensa gremial también está muy activa y presente en nuestros compromisos, y eso lo demostramos con el seguimiento, apoyo, cobertura y respaldo a los casos de nuestras y nuestros asociados, exigiendo en ellos el respeto al debido proceso y la igualdad de armas en el debate y resolución disciplinaria.

También, por iniciativa gremial, resultó un completo éxito la capacitación que impulsamos para conocer los detalles de la Ley 21.643, que modifica diversas disposiciones del Código del Trabajo y de otros cuerpos legales, en relación con la prevención, investigación y sanción del acoso laboral y del acoso sexual, además de agregar la “violencia en el trabajo” dentro de este tipo de conductas sancionables en el contexto laboral. Esta normativa es también conocida como Ley Karin.

Este 2025 es un año desafiante, y lo seguiremos viviendo intensamente desde nuestra labor gremial, con nuestros anhelos en alto y nuestros principios siempre rigiendo y marcando nuestro actuar ante las autoridades del Poder Judicial, el Estado y, lo más importante, las y los ciudadanos de nuestro país.

Patricio Aguilar Paulsen

Presidente Nacional de la Asociación
Nacional de Profesionales de la
Administración del Poder Judicial
APRAJUD

Mensaje del Presidente de la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial

“Somos profesionales con una alta preparación, para poder comprender de una manera técnica y especializada los asuntos que los Tribunales de Familia conocen, lo que nos hace ser un estamento necesario para el objetivo esencial de la justicia de familia, como lo es la especialización.”

Mensaje del Presidente de la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial

Eduardo Andrés Quijón Aravena

Presidente ANCOT

Hacer un proceso de reflexión del periodo del año judicial 2024, no es solo centrarse en la crisis del sistema judicial y en los aspectos de probidad que se han conocido al interior del Poder Judicial. Nuestra asociación considera que se deben abrir los espacios de participación efectiva de los gremios para buscar mecanismos de solución en el abordaje integral de los actuales problemas y no ser considerados meros espectadores o personas externas de nuestra institución. Todo lo anterior referido, no puede dejar de lado los esfuerzos que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial hacen por generar una justicia, abierta, transparente y con altos estándares de preparación técnica y profesional.

La Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial de Chile, ANCOT, agrupa a profesionales de la Psicología y el Trabajo Social, que nace con la creación de los consejos técnicos en los Juzgados de Familia (Ley 19.968), siendo herederos de la otrora Asociación Nacional de Asistentes Sociales.

Somos profesionales con una alta preparación, para poder comprender de una manera técnica y especializada los asuntos que los Tribunales de Familia conocen, lo que nos hace ser un estamento necesario para el objetivo esencial de la justicia de familia, como lo es la especialización.

Encontrarnos pronto al cumplimiento de 20 años de la entrada en vigencia de la Ley de Tribunales de Familia, es una buena instancia para fijar desafíos y por cierto delinear los aspectos por mejorar, sobre todo cuando el objetivo de la Ley va quedando perdido entre tantos cambios y procedimientos que han provocado la disminución de la especialización y donde a los Consejeros Técnicos se le han delegado diversas funciones no propias del cargo , lesionando no tan solo el espíritu de la Ley sino que también provocando que profesionales altamente especializados se sientan frustrados por la alta carga laboral y por la delegación de funciones no propias al cargo al que postularon. Esto ha sido expuesto a la Excelentísima Corte Suprema, sin haber hasta hoy un real cambio a las solicitudes que nuestra asociación propone y exige.

La ANCOT se orienta a cautelar y defender la dignidad y el prestigio de la función del Consejo Técnico en la labor jurisdiccional y velar por el constante mejoramiento de la administración de justicia en todos sus ámbitos, promoviendo el bienestar y dignidad de sus asociados y asociadas.

Dentro de nuestros objetivos, se destacan la defensa del rol y la relevancia de la Consejería Técnica como auxiliares de administración de justicia, la promoción del mejoramiento de las condiciones laborales y de remuneraciones, de vida y de trabajo digno de sus personas afiliadas y el perfeccionamiento profesional y la especialización constante para dar respuesta a las exigencias de los vertiginosos cambios sociales y su correspondiente ejercicio de derechos.

Las nuevas normativas asociadas a la ley de garantías de la niñez, el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, el cambio de sexo registral, las modificaciones a la ley de violencia intrafamiliar en cuanto a la pauta de riesgo unificada, aplicación de monitoreo telemático y el reconocimiento de la violencia económica y patrimonial necesitan de la expertiz psicosocial como apoyo a la magistratura.

La norma en si misma nunca será suficiente para dar respuesta a la realidad de cada persona y requiere la mirada Psicosocial e integral como insumo primordial a la decisión jurisdiccional, cuestión que desde el origen de la ley de familia el legislador comprendió definiendo como requisito de cargo la acreditación de formación especializada en materias de familia e infancia posterior al pregrado.

No obstante, lo anterior, el año 2024 y tras 19 años de la Reforma de Familia seguimos demandando el respeto a nuestras funciones para poder realizar con alto estándar de excelencia el aporte esencial para la justicia de Familia.

Esto nos llevó a mantener como objetivo gremial primordial el relevar la importancia de nuestro rol de asesor por sobre otras funciones administrativas. Ello, a pesar de la dictación de la AD-1909-2015, en la que el Pleno de la Corte Suprema, recomendó a los Juzgados con competencia en familia: “Ajustarse a las normas legales y a las directrices sentadas o envueltas en las actas emanadas por esa Corte y abstenerse de encomendar a dichos profesionales cualquier otra tarea que no se encuentre en debida relación con las funciones asociadas a sus cargos”.

Esto, pues sigue quedando a la interpretación de cada unidad jurisdiccional priorizándose por funciones propias de las unidades administrativas en desmedro de las instancias de asesoría directa a la magistratura.

Por ello, la ANCOT definió como objetivos, acciones y propuestas prioritarias:

a) Subsanar la evidente falta de norma legal que haga imperativo el pronunciamiento por parte de la magistratura respecto a las opiniones técnicas emitidas por algún miembro del Consejo Técnico en relación con un caso determinado. Actualmente la asesoría a la magistratura es esencialmente facultativa, lo que impide que las decisiones judiciales consideren obligatoriamente los aspectos psicológicos y sociales involucrados.

b) Reforzar y establecer una justicia humana, empática y respetuosa que cada conflicto de familia requiere. La política de administración de la judicatura, si bien ha conllevado aumentos sustantivos en la productividad de los tribunales, al privilegiar la mejora de indicadores estadísticos en el ámbito de los juicios de familia, ha abandonado el tiempo requerido para atender cada caso con el respeto y acogida necesaria, aumentando el riesgo de la victimización secundaria por parte del sistema judicial.

c) Extender la presencia de los Consejos Técnicos a otras judicaturas. Los avances legales en que están involucrados NNA y víctimas de violencia, requiere de la misma asesoría interdisciplinaria que en la judicatura de familia resultando esencial que el aporte psicosocial plasme las decisiones jurisdiccionales tanto en la justicia penal, como en los tribunales de segunda instancia, pues es justamente en estos últimos en donde se requiere la más alta fundamentación legal y el mayor aporte experto de las ciencias sociales para asegurar el resguardo integral de derechos.

Finalmente, el nivel profesional de la consejería técnica, su formación de postítulo, como Auxiliares de la Administración de Justicia y por cierto la relevancia de su función en el quehacer de los tribunales de familia, nos hace reiterar y seguir exigiendo nuestro requerimiento histórico y futuro de esta asociación gremial, el que busca vencer y eliminar la evidente asimetría que existe entre la carga laboral y la expertiz requerida de los consejos técnicos con la remuneración asociada al cargo. Por lo mismo, es fundamental fortalecer el trabajo de la mesa de remuneraciones de la Excelentísima Corte Suprema, para corregir nuestra escala especial de sueldos por medio de la homologación a la escala de profesionales del Poder Judicial, reconociendo nuestra formación profesional y la calidad de Auxiliares de la Administración de Justicia.

Eduardo Andrés Quijón Aravena

Presidente Nacional de la Asociación Nacional
de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder
Judicial de Chile, ANCOT

Mensaje del Presidente de la Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial

“Nuestro Directorio Nacional asumió funciones en marzo de 2024 en un contexto desafiante: una organización en proceso de reactivación, bases exigentes –con toda justicia–, y una institucionalidad gremial que requería ser ordenada, planificada y restituida a su base natural: los territorios.”

Mensaje del Presidente de la Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial

Nicolás Santibáñez Ramírez

Presidente ANEJUD

Este año fue particularmente significativo para nuestra organización, la más grande y representativa en el Poder Judicial.

El pasado 28 de agosto de 2024, Anejud celebró 57 años de historia gremial en el marco del Día del Empleado y Empleada Judicial, rindiendo homenaje a quienes nos precedieron y reafirmando nuestro compromiso de construir, con dignidad y organización, un presente y un futuro para todas y todos.

Desde Arica a Punta Arenas, en cada tribunal grande o pequeño, en cada unidad judicial, en cada familia judicial, en la sobrecarga diaria o en los espacios de descanso, cada funcionaria y funcionario fue parte de esta celebración. Porque Anejud vive en su gente, en la historia común que nos une y en los sueños que aún nos movilizan.

Nuestro Directorio Nacional asumió funciones en marzo de 2024 en un contexto desafiante: una organización en proceso de reactivación, bases exigentes –con toda justicia–, y una institucionalidad gremial que requería ser ordenada, planificada y restituida a su base natural: los territorios. Con convicción y esfuerzo colectivo, avanzamos decididamente en ese camino.

Desplegamos nuestro trabajo en medio de un entorno institucional convulsionado, marcado por una crisis profunda que afectó la confianza pública en el Poder Judicial.

Frente a ese escenario, actuamos con responsabilidad y claridad: sostuvimos que esta crisis no podía ni debía trasladarse a quienes, día a día, ejercen funciones en condiciones adversas, sin carrera funcionaria consolidada, sin reconocimiento salarial efectivo y sin participación real en la toma de decisiones.

En el ámbito interno, fortalecimos nuestro Hogar Judicial, símbolo histórico de Anejud, convirtiéndolo en un espacio activo de encuentro, formación y alojamiento para nuestras y nuestros afiliados que deben trasladarse a Santiago por actividades gremiales. Recuperamos también el Centro Vacacional Los Cipreses y Coñaripe, mejorando sus instalaciones para que las familias judiciales de todo el país pudieran reencontrarse, descansar y compartir, en un acto de cuidado colectivo que reivindica el valor de nuestros espacios comunes.

Recorrimos Chile, participamos en asambleas, visitamos unidades, acompañamos movilizaciones, impulsamos actividades deportivas. Implementamos un modelo de vinculación territorial con directores nacionales asignados por zonas, respondiendo así a una antigua demanda de nuestras bases: que el nivel nacional esté presente, acompañe, escuche y rinda cuentas.

Apostamos a la formación y el fortalecimiento de capacidades desde nuestra Escuela Sindical “Luis Cerda Castro”, realizando seminarios en Concepción, conversatorios sobre la Ley Karin, talleres de tesorería, la Escuela Itinerante de Género sobre Violencia y Cuidados, y múltiples espacios donde el conocimiento se reconoce como herramienta fundamental de organización y transformación.

No guardamos silencio ante las injusticias. Defendimos activamente a quienes fueron víctimas de violencia laboral y acoso, acompañando casos emblemáticos y afirmando, con fuerza, que en el Poder Judicial no puede haber espacio para la impunidad ni para los silencios cómplices.

Nuestra campaña “No más acoso en el Poder Judicial” no fue solo un eslogan: fue, y sigue siendo, una exigencia ética, política e institucional.

Extendimos también nuestra voz a nivel internacional, participando en Bogotá en el Congreso de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial (CLTPJ), en la Conferencia Regional de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y en diversos espacios del Cono Sur. No fuimos meros observadores: llevamos nuestras experiencias y propuestas, con humildad, pero con firmeza.

Y, junto con la defensa y la resistencia, celebramos la vida en comunidad. Organizamos nuevamente los Juegos Deportivos Nacionales, esta vez en Osorno, donde más de 130 compañeras y compañeros de todo el país compartieron deporte, alegría e identidad sindical. Pocas imágenes resultan tan conmovedoras como ver flamear nuestras banderas junto a las de cada región, escuchar los gritos de aliento en cada competencia y entregar el Premio Fair Player a la Regional Valdivia, destacando su ejemplo de juego limpio, compañerismo y fraternidad. Este balance resumido nos convoca a seguir fortaleciendo nuestra organización con mirada estratégica y sentido político, a construir colectivamente un futuro donde los derechos y la justicia alcancen también a quienes, desde su compromiso cotidiano, sostienen el servicio público de impartir justicia.

Con compromiso, convicción y esperanza,

Nicolás Santibáñez Ramírez

Presidente Nacional de la Asociación Nacional
de Empleados y Empleadas del Poder Judicial
de Chile (ANEJUD)

Mensaje del Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial

“Mirando hacia adelante, nuestros desafíos son fortalecer la organización, profundizar la colaboración con otros gremios del Poder Judicial y consolidar una relación constructiva con la Corte Suprema, siempre con un propósito central: proteger los derechos, la estabilidad y el desarrollo de las y los funcionarios de la CAPJ.”

Mensaje del Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial

José Callejas Solar

Presidente (S) ANFUCAPJ

Nuestra Asociación nació en 2022 con el propósito de institucionalizar y fortalecer la defensa de los derechos laborales, así como de contribuir al bienestar de quienes integran la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Desde entonces, hemos mantenido un compromiso inquebrantable con nuestras asociadas y asociados, distinguiéndonos como la única organización gremial conformada exclusivamente por integrantes de la CAPJ, lo que nos vincula directamente con sus necesidades, inquietudes y anhelos.El quehacer de la Asociación ha girado en torno a 10 ejes, teniendo siempre como norte el fortalecer la Independencia Judicial, promover la transparencia y mejorar las condiciones laborales de quienes formamos parte de este gremio.

El año 2024 ha sido un período de grandes desafíos, marcado por los debates sobre la reforma constitucional y por la necesidad de resguardar la estabilidad laboral de nuestra comunidad. Frente a este escenario, ANFUCAPJ ha sabido hacerse presente con propuestas responsables, defendiendo el rol estratégico de la CAPJ y destacando el valor del trabajo que, por más de tres décadas, desarrollamos con profesionalismo y dedicación.

Durante este período, participamos activamente en comités institucionales del Poder Judicial, aportando nuestra mirada en materias de personas, modernización, comunicaciones, género y riesgos psicosociales. En paralelo, nos involucramos de manera decidida en el debate sobre la reforma constitucional, lo que permitió visibilizar la importancia de la CAPJ y asegurar su continuidad mediante un artículo transitorio aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, un reconocimiento histórico al aporte de nuestra institución y a la trayectoria de sus funcionarios y funcionarias.

Asimismo, en alianza con ANEJUD, organizamos Escuelas de Verano en Alto Biobío, Gorbea y Salamanca, fortaleciendo con estas iniciativas el vínculo entre la justicia y la ciudadanía, y promoviendo un Poder Judicial más cercano y abierto. También estuvimos presentes en la Primera Jornada de Reflexión de Asociaciones y Gremios del Poder Judicial, donde expusimos con claridad las problemáticas que nos afectan, tales como la sobrecarga laboral, la precariedad contractual y la necesidad de una política integral de seguridad. De este encuentro surgió un petitorio dirigido al Presidente de la Corte Suprema, que reflejó la voz colectiva de nuestras y nuestros asociados.

Finalmente, implementamos un reglamento participativo para el acceso al beneficio de asesoría jurídica, un instrumento que asegura transparencia y equidad en el uso de este recurso fundamental para apoyar a nuestros socios y socias en los procesos administrativos y legales que deban enfrentar.

Estos hitos reflejan el esfuerzo colectivo y la dedicación de nuestra directiva, así como la confianza que ustedes depositan en la Asociación.

Mirando hacia adelante, nuestros desafíos son fortalecer la organización, profundizar la colaboración con otros gremios del Poder Judicial y consolidar una relación constructiva con la Corte Suprema, siempre con un propósito central: proteger los derechos, la estabilidad y el desarrollo de las y los funcionarios de la CAPJ.

Reciban mi más sincero agradecimiento por su apoyo y compromiso. Sigamos construyendo juntos una Asociación más fuerte, unida y preparada para los desafíos del futuro.

Con un fraternal saludo,

José Callejas Solar

Presidente (S) ANFUCAPJ

Mensaje del Director de la Academia Judicial

“El crecimiento también es importante en perfeccionamiento, donde se aumentó el número total de cursos ejecutados, fundamentalmente gracias al crecimiento de los cursos presenciales, que pasaron de 101 a 143, lo que nos permitió finalizar con 650 alumnos adicionales a los del año 2023.”

Mensaje del Director de la Academia Judicial

Juan Enrique Vargas Viancos

Director Academia Judicial

El año 2024 fue particularmente especial para la Academia Judicial pues le permitió conmemorar, con un conjunto de actividades académicas y de extensión, el aniversario número 30 de la dictación de la ley que la creó.

Las actividades concluyeron con una celebración en que, junto a premiar a nuestros colaboradores, docentes y egresados destacados, se presentó una publicación que resume la contribución de la institución a la modernización del Poder Judicial.

Por otra parte, durante este año las actividades de la Academia Judicial han seguido expandiéndose a un ritmo muy acelerado. Conscientes de las necesidades del Poder Judicial de contar con nuevos jueces capacitados, pasamos de 18 egresados en 1 Programa de Formación concluido durante el año 2023, a 63 egresados, provenientes de 3 programas, el 2024.

Adicionalmente, iniciamos la ejecución de dos programas nuevos y el proceso de selección de otros dos. La Academia, a la par de estar realizando más programas de formación, está utilizando con mayor eficiencia las vacantes de que dispone en cada uno de ellos. Sin perjuicio de ello, también ha promovido -y de hecho elaboró el borrador de un proyecto de ley- para que sus egresados se incorporen de manera automática al escalafón primario del Poder Judicial, lo que permitiría darle una solución definitiva al problema de suplencias que le afecta, sin incurrir en mayores costos al erario público.

El crecimiento también es importante en perfeccionamiento, donde se aumentó el número total de cursos ejecutados, fundamentalmente gracias al crecimiento de los cursos presenciales, que pasaron de 101 a 143, lo que nos permitió finalizar con 650 alumnos adicionales a los del año 2023.

Lo anterior se ha logrado sin disminuir nuestra actividad en el Programa de Habilitación, en que se mantuvo el curso anual, y de Extensión, donde se realizaron al igual que el año pasado 31 seminarios en línea, aunque a ellos se agregaron 15 seminarios presenciales organizados en conjunto a las Cortes de Apelaciones de todo el país, lo que nos permitió acrecentar nuestra presencia física en las diversas jurisdicciones del país.

Más allá de nuestra actividad tradicional, hay varios proyectos y actividades que nos gustaría destacar. Por lo pronto, este año concluimos el estudio de necesidades de capacitación que implicó realizar levantamientos de información por los diversos cargos, o agrupaciones de cargos, de todos los escalafones del Poder Judicial. En total se contestaron 1.371 encuestas y 51 personas participaron en reuniones para profundizar la información. Estos análisis nos permiten ir construyendo un currículum de capacitación específico para cada cargo, en vez de una simple malla con un catálogo de cursos de perfeccionamiento.

Importante fue también la confección de 14 nuevos materiales docentes -y la actualización de 11 materiales antiguos-, los cuales desarrollan los temas más acuciantes para el funcionamiento de nuestra judicatura. En esa misma línea se publicaron 3 nuevas guías de buenas prácticas, donde destaca la que aborda los temas éticos, materia que era una verdadera asignatura pendiente para la Academia Judicial. Materiales, guías y actividades de extensión permiten hacer realidad el objetivo estratégico de que la Academia trascienda el curso anual para convertirse en un apoyo constante y cercano de todos los funcionarios judiciales en su trabajo cotidiano.

Muy importante -y demandante- han sido también las campañas de capacitación masiva que estamos ejecutando, tanto para especializar en responsabilidad penal adolescente (20 cursos y talleres para 527 alumnos) y en violencia contra la mujer (6 cursos para 155 alumnos). Ambos comparten que se trata de cursos establecidos como obligatorios por la Corte Suprema. También tenían tal calidad los de entrevistas videograbadas, pero el proceso de implementación de la ley ya ha concluido, integrándose estos cursos a la oferta normal de perfeccionamiento, sin perjuicio de que hemos continuado con la preparación de jueces y juezas intermediarios, a través de los cursos de formación especializada (3 en el año) y el programa de formación continua (14 actividades).

Finalmente debemos resaltar el trabajo interinstitucional que coordinó la Academia Judicial por encargo de la Comisión de Coordinación del Sistema Penal, con la finalidad de construir acuerdos operativos que permitieran acortar la duración de los procesos penales complejos. Luego de 3 meses de trabajo todas las instituciones del sistema arribaron a un documento de consenso, el que fuera presentado a la Comisión, la cual nos mandató a recogerlo en las guías de conducción de audiencias que elabora la Academia y a ejecutar en una experiencia modelo de implementación durante el próximo año.

Juan Enrique Vargas Viancos

Director Academia Judicial